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Informe de Licitación de Obras y Servicios Cataluña 2.º trimestre 2021
La licitación[1] oficial de obras en Cataluña ha vivido un crecimiento del 60% en el segundo trimestre de 2021, llegando hasta los 829,5 millones de euros, respecto del mismo periodo del año 2019, último año de normalidad en la actividad económica antes de la irrupción de la pandemia. Todo y el incremento experimentado en las licitaciones, esta cifra supone el 60% del que Cataluña necesita.
En comparativa con el segundo trimestre del año anterior, las licitaciones han experimentado un crecimiento del 307%. Justo es decir, pero que durante el segundo trimestre del año 2020 es cuando se decretaron las medidas de confinamiento y la actividad económica sufrió una bajada histórica. Por lo tanto, esta comparativa se hace respecto a un periodo anormal de actividad. En este sentido, el crecimiento de este año es debido, en parte, a la licitación retenida del año anterior que se aplazó como consecuencia de la pandemia y de las medidas sanitarias adoptadas para evitar su contagio.
Aun así, desde la Cámara valoramos positivamente el esfuerzo de las administraciones para reactivar la inversión pública en construcción ante el importante efecto que esta tiene para reactivar la economía. Por otro lado, queremos recordar que la inversión pública tiene que ser estable y previsible para suavizar los ciclos económicos, dar certeza a los agentes económicos y evitar fuertes ajustamientos del sector en tiempo de crisis, y que la licitación mínima regular y recurrente de todas las administraciones que requiere Cataluña para satisfacer sus necesidades en infraestructuras económicas y sociales y mantener un crecimiento similar al resto de países europeos, tendría que ser, aproximadamente, del 2,2% del PIB (unos 5.500 millones anuales).
Por Administraciones, la Administración Local es el nivel administrativo más activo, con el 53% de toda la licitación por el periodo enero-junio, logrando los 805 millones de euros. Hay que destacar, pero que esta cifra incluye la licitación del primer trimestre por *BIMSA del Acuerdo marco para la construcción de obras de infraestructuras en espacio público de Barcelona, de valor estimado 160,8 millones de euros y que se tendría que ir concretando en el plazo de 15 meses en multitud de contratos basados en el referido acuerdo marco y con carácter plurianual. Por este segundo trimestre, hay que destacar la licitación por BIMSA de las obras de la primera fase de la implantación tranviaria unificada y de su urbanización, de valor estimado hasta 56,1 millones de euros.
En cuanto a la Generalitat de Cataluña, la licitación se ha incrementado un 79% respecto del primer semestre del año 2019, con un importe total de 417,6 millones de euros, el 27,4% del total licitado. También en este caso hay que hacer mención que de este importe, 46 millones corresponden a la licitación del sistema de contratación de obras de despliegue de la red pública de fibra óptica por Infraestructuras de la Generalitat SAU que se concretarán en contratos específicos en los próximos cuatro años y que se licitó durante el primer trimestre de este año, así como, 38 millones corresponden a la licitación de ejecución de las obras del proyecto constructivo del nuevo colector de salmueras en el tramo Abrera – Castellgalí realizado por el mismo organismo y licitado este segundo trimestre.
El importe licitado por la Administración General del Estado (AGE) por el periodo enero-junio ha estado de 300,8 millones de euros, con un incremento del 609% respecto del mismo periodo del año 2020 (cuando la cifra fue solo de 42,4 millones de euros), suponiendo el 19,7% del total licitado. Si comparamos esta cifra respecto del mismo periodo del año 2019, último año antes de la parada producida por la COVID-19, la licitación ha aumentado un 22%. En este caso, se tiene que destacar las licitaciones de ADIF, 176 millones de euros en total durante este segundo trimestre, de las que destacan las licitaciones por la ejecución de obra en el tramo *Hospitalet-Puerto Aventura de Cercanías de Barcelona (58 M€) y la licitación de ejecución de obras para implementar el ancho estándar en diferentes tramos del Corredor del Mediterráneo (67,6 M€).
Por otro lado, la licitación de servicios que son de interés de las empresas constructoras y sus grupos ha logrado el segundo trimestre del 2021 los 1.222,4 millones de euros. Por administraciones, para el periodo enero-junio, la Administración Local ha licitado el 26,8%; la Generalitat, el 50,9%; y la Administración Central, el 22,3%. El importe acumulado de este año es de 1.763.3 millones de euros y suponen un total de 1.445,3 millones más respecto al primer semestre de 2020, debido principalmente al incremento de las licitaciones por parte de la Generalitat durante este segundo trimestre, que han aumentado en 720,4 millones de euros respecto al segundo trimestre de 2020. Concretamente, este incremento se produce por la licitación por el Consorcio de Educación de Barcelona por importe de 641 millones de euros (52,5% del total de los servicios licitados de este segundo trimestre), en lo referente a dos licitaciones de Acuerdo marco de Homologación para el suministro, transporte y montaje/desmontaje de construcciones modulares para los centros educativos gestionados por el Consorcio.
Por tipo de servicios, la licitación del Consorcio de Educación de Barcelona mencionada anteriormente ha producido un incremento muy notable en las instalaciones, que representan 40,7% del importe licitado en servicios entre enero y junio de este año, mientras el último año representaba un porcentaje alrededor del 5%. Seguidamente, los mantenimientos logran el 46,8% de los importes totales, mientras que las limpiezas viarias representan un 12,4%.
La Cámara de Contratistas celebra el esfuerzo realizado por el conjunto de las administraciones públicas para corregir los efectos de la ralentización y parada de la licitación pública vivida durante el año pasado en Cataluña, que comportó una reducción del 23%, y las exhorta a mantener, y si es posible incrementar, este ritmo inversor para favorecer la rápida recuperación de la actividad económica del país aprovechando el efecto ‘locomotora’ del sector de la construcción y para garantizar la continuidad y estabilidad de las empresas.
Este esfuerzo es especialmente relevante en un contexto como el actual marcado por la incertidumbre. Por un lado la incertidumbre económica y social derivada de la evolución de la pandemia a escala mundial, europeo y nacional y de las medidas sanitarias adoptadas para hacerle frente que se traducen en constantes revisiones tanto de las previsiones económicas, como de las políticas públicas, el que incide directamente en la inversión privada y en las políticas públicas de inversión, respectivamente y, por lo tanto, en la actividad constructora. Por otro lado, la incertidumbre generada ante el sustancial incremento de costes que muchas empresas del sector están sufriendo como consecuencia del incremento de los precios de las materias primas y los problemas de abastecimiento a escala global. En este sentido, desde la Cámara reclaman medidas para incluir mecanismos de revisiones de precios para que las empresas del sector no se vean gravemente perjudicadas por el alto incremento de costes en uno en torno a incertidumbre y alta volatilidad.
En este contexto, la Cámara de Contratistas considera esencial lograr el máximo consenso y coordinación, tanto entre el conjunto de las administraciones públicas, como entre estas y el sector privado, para conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los fondos europeos del instrumento Next Generation UE para que su efecto revitalitzador de la economía se produzca la antes y de la forma más amplia posible. Desde la Cámara nos preocupa que estos fondos no lleguen al sector dentro de este mismo año y consideramos que la actual situación de crisis no admite demoras en la gestión de estos fondos y exige una buena gestión de estos, así como medidas complementarias que hagan reactivar la economía y al sector de la construcción lo antes posible.
[1] Una licitación pública es el procedimiento mediante el cual un comprador público da a conocer una necesidad, de adquirir un bien, un servicio o una obra, y solicita a aquellas empresas que la puedan cubrir, y que reúnan los requisitos exigidos por los pliegos, presenten sus ofertas; las ofertas presentadas serán seleccionadas y evaluadas y se adjudicará el contrato a aquella que cumpla la mejor relación calidad precio.