Informe de Licitación pública de Obras y Servicios

Cataluña 3r trimestre 2023

• Durante los tres primeros trimestres del año, la licitación de obras alcanza la cifra de 2.424,1 millones de euros, un 5% más que el año anterior, con la ayuda de los Acuerdos Marco, que ya suponen 21% del total de la licitación de 2023.
• Las licitaciones del mundo local disminuyen un 12% respecto al año 2022 a consecuencia del fin del ciclo electoral e inicio de legislatura de los consistorios.
• Es fundamental y urgente la agilización de la remisión, resolución y abono de las revisiones extraordinarias de precios.
• Un total de 954 obras ya han quedado desiertas entre 2021, 2022 y el acumulado de 2023, alcanzando los 312,1 millones de euros de importe.

La licitación  pública de obras de enero a septiembre de 2023 en Cataluña ha aumentado un 5% respecto al mismo período de 2022, alcanzando la cifra de 2.424,1 millones de euros. En evolución trimestral, la licitación del 3r trimestre del año ha sido de 835,8 millones de euros y ha disminuido un 9,4% respecto al 2º trimestre de 2023, cuando la licitación fue de 1.588,3 millones de euros.

Por Administraciones, pese a su disminución, la Administración Local es el nivel administrativo más activo, con el 47,5% de toda la licitación, alcanzando 1.152,6 millones de euros.

La licitación local ha disminuido un 12% respecto al año 2022, siendo la única de los tres niveles de administración que ha licitado menos que el año anterior, como consecuencia del fin del ciclo electoral e inicio de legislatura de los consistorios. En cuanto a las obras licitadas de mayor volumen del mundo local, éstas han sido, primeramente, el Acuerdo Marco para la contratación de trabajos de ejecución de obras de urbanización y carriles bici en espacio público de Barcelona (2 lotes), por importe de 136,8 millones de euros por parte de BIMSA. Seguidamente, encuentran otro Acuerdo Marco en lo referente a obras e instalaciones de carácter diverso que se consideren necesarias con destino a la Fundación Gestión Hospitalaria Santa Creu y Sant Pau (4 lotes) por importe de 76 millones de euros.

En cuanto a la Generalitat de Catalunya, la licitación ha aumentado un 3% respecto al año anterior, con un importe total de 700 millones de euros, el 28,9% del total licitado en el semestre. La principal licitación ha sido el Acuerdo Marco para la contratación de las obras "Obra de nueva construcción, reforma o instalaciones de equipamientos públicos", por importe de 158,3 millones de euros y licitado por Infraestructures.cat. También se destaca la licitación de la "Renovación de la señalización ATP-ATO de la L4 de FMB" por importe de 51 millones de euros licitado por el propio organismo.

El importe licitado por la Administración General del Estado (AGE) de enero a septiembre ha sido de 571,4 millones de euros, con un incremento del 81% respecto al año anterior, suponiendo el 23,6% del total licitado este año. Las licitaciones de obras de mayor importe han sido licitadas por ADIF y son las siguientes: a) la variante de Vallbona y bifurcación aguas y medidas correctoras hidrogeológicas del soterramiento de la R2 en Moncada i Reixac de importe de 140,9 millones de euros; b) Redacción de proyecto constructivo y ejecución de las obras de renovación de los enclaves de Almacelles, Raimat, Juneda, Montblanc y Vilaverd de importe 32,2 millones de euros; y c) la fase I de remodelación de la estación de Montcada Bifurcación de importe 27,9 millones de euros.

Por organismos, con 406,2 millones de euros, Infraestructures.cat ha sido el organismo más licitador de enero a septiembre. Seguidamente, se encuentran BIMSA y ADIF con 321 y 290,6 millones de euros respectivamente.
Durante este último trimestre ha habido un repunte muy fuerte en cuanto a licitaciones con estructura de Acuerdo Marco. En total, durante 2023, ya se han licitado 44 obras/lotes de Acuerdos Marco que suman un importe de 510,9 millones de euros (el 21,1% total de la licitación). En este sentido queremos destacar que la utilización de Acuerdos Marco y de sistema dinámicos de contratación hace que no toda la licitación sea contratada y, es posible, que no se ejecuten los importes en su totalidad, existen acuerdos marco que no han llegado ni al 20% de contratación al final del período de vigencia. Por tanto, se debe tener cuidado a la hora de evaluar los importes totales licitados.

Por otro lado, la licitación de servicios ha alcanzado de enero a septiembre los 1.310,5 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 1% respecto al primero del año 2022.

Por administraciones, la Administración Local ha licitado el 66,2%; la Generalitat, el 16,7%; y la Administración Central, el 17% de las licitaciones. Se destaca la licitación de 2 lotes por servicio de transportes y recogida de residuos del Ayuntamiento de Tarragona por un importe total de 194,9 millones de euros y de 10 años de duración, cabe decir que esta licitación quedó desierta el año 2022 cuando se licitó por 167,8 millones de euros y 9 años de duración. También se destacan los 75 lotes, del Consorcio Catalán para el Desarrollo Local, por importe total de 131,55 millones de euros, en relación con el Acuerdo Marco de servicios y suministro de elementos de eficiencia energética en el alumbrado público con destino en las entidades locales de Cataluña de 2 años de duración.

Desde la Cambra de Contractistes queremos poner de manifiesto el difícil contexto actual que sufre el sector de la construcción, marcado por la fuerte volatilidad de precios de los materiales y costes de la energía. Además, las subidas en los tipos de interés aumentan los costes de las obras contratadas, y puede suponer un freno a los planes financieros de las inversiones en compraventa de vivienda.

Este contexto hace que muchas licitaciones queden desiertas ante la elevada inestabilidad en los precios y la falta de mecanismos que adapten a la realidad los mismos. A fecha de publicación de este informe, la cifra de obras oficialmente desiertas en Cataluña durante el año 2021, 2022 y lo que llevamos de 2023 asciende a 954 obras, por un importe total de 312,1 millones de euros. Por eso, desde la Cambra de Contractistes, valoramos positivamente toda iniciativa por parte de las Administraciones Públicas encaminada a incluir mecanismos de adaptación de los precios a la realidad del mercado, de forma rápida y ágil, en todas las obras que salgan a concurso. Además, es necesaria agilidad a la hora de enviar y resolver las solicitudes de revisión extraordinaria de precios de forma que esta compensación pueda llegar rápidamente a las empresas que más están sufriendo en este difícil contexto y que ya han tenido que hacer frente a estos costes extraordinarios. Cabe destacar también que la falta de adaptación de los precios a la realidad del mercado ha derribado la concurrencia: durante el 2022, en el 44% de las licitaciones sólo se han presentado 1 o 2 licitadores, cuando en 2021 y 2020 este porcentaje fue del 24%.
Por todo ello, consideramos esencial alcanzar el máximo consenso y coordinación, tanto entre el conjunto de las administraciones públicas, como entre éstas y el sector privado, a través de las colaboraciones público-privadas (CPPs), para conseguir la máxima eficiencia en la gestión de los fondos europeos. En este sentido, este semestre 556 licitaciones de obras/lotes han estado vinculadas a los fondos europeos Next Generation. La licitación vinculada a este fondo supone el 27% de la licitación anual, alcanzando los 654,5 millones de euros. Es fundamental aprovechar estos fondos al máximo por la transformación del país, lo que conlleva ponerlos en funcionamiento tan pronto como sea posible. El contexto actual no admite demoras en la gestión de estos fondos y exige una buena gestión de estos fondos, así como medidas complementarias para cumplir con los plazos marcados por Europa y poder transformar y modernizar Cataluña.

En definitiva, la actual coyuntura del sector es preocupante y, por eso, desde la Cambra de Contractistes queremos proponer las siguientes medidas para evitar el agravamiento de esta situación:

1) Licitar los contratos públicos con presupuestos actualizados con precios de mercado, con el fin de evitar licitaciones desiertas, ajustando la realidad de los costes indirectos a los precios unitarios de los proyectos, y actualizando el porcentaje de gastos generales.

2) Incrementar el límite de la revisión excepcional de precios de los contratos públicos prevista en el Real Decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, del 20 al 30%, para garantizar la adecuada ejecución de los contratos actualmente en curso.

3) Reanudar el carácter automático y estable del régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP), para asegurar la viabilidad y el equilibrio económico de los contratos públicos de larga duración.

4) Incluir la mano de obra dentro de los costes revisables en el régimen general de la revisión periódica y predeterminada de precios previsto en la LCSP, para mantener el equilibrio de las prestaciones inicialmente pactadas en un entorno de creciente evolución de los costes salariales.

5) Adecuar el sistema de clasificación del contratista a la gestión actual de las obras por parte de las empresas, a fin de que los criterios y condiciones exigidos para la clasificación supongan un fiel reflejo de la solvencia técnica y económica real de las empresas contratistas, y no resulten en una restricción del número de empresas a disposición del sector público contratante.

6) Mantener el nivel de inversión que permita acometer las infraestructuras necesarias en cada momento y atender al correcto mantenimiento de las existentes, superando la infradotación que se arrastra desde hace años, mediante una planificación independiente de ciclos económicos y políticos. En particular se considera imprescindible y urgente acometer aquellas infraestructuras relacionadas con el ciclo integral del agua.

7) Establecer el marco regulador que permita la utilización de la Colaboración Público Privada, a fin de disponer de un modelo complementario a la inversión procedente de los presupuestos públicos, en aquellos contratos de interés para los inversores privados.

8) Orientar el destino de los fondos europeos hacia las oportunidades y necesidades en materia de infraestructuras, utilizando el potencial dinamizador de la economía y generador de uso del sector de la construcción. También para fomentar la renovación del parque de maquinaria de las constructoras para la mejora ambiental y la sostenibilidad.

9) Revisar el régimen de utilización de los medios propios en la contratación pública, restringiendo los supuestos admisibles y obligando a un sistema de publicidad efectivo, para evitar que un recurso que debería ser excepcional se convierta en habitual.

10) Establecer medidas compensatorias de los costes adicionales que supongan para las empresas los compromisos medioambientales, sociales y de digitalización.

11) Defender que todas las iniciativas relacionadas con la contratación pública (modificaciones del marco normativo, tamaño de los contratos, requisitos para contratar, etc.), permitan siempre la existencia de un tejido empresarial rico y diverso que garantice un nivel de competencia adecuado, y con ello, la eficiencia de la contratación pública. Recuperar la economía circular.

12) Fomentar la incorporación de mujeres y jóvenes, para aprovechar todo el talento disponible y aumentar la competitividad del sector.

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